En Perú el ex presidente Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad entre 1996 y 2000 dirigieron un plan de esterilizaciones forzosas, bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas sobre las consecuencias del procedimiento más de 200.000 mujeres la mayoría indígenas fueron esterilizadas y 18 murieron por esta intervención.

La investigación, realizada en el 2002, precisa que entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú.

En 2003 Perú suscribió un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se comprometió a indemnizar a los familiares e investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas. Sin embargo, la semana pasada la fiscalía encabezada por Marcela Gutiérrez decidió archivar definitivamente las 77 denuncias de mujeres esterilizadas forzadamente, las cuales constituyen un pequeño grupo de las más de 2.000 denuncias archivadas definitivamente en julio por la misma fiscal. La fiscalía no encontró responsabilidad en Alberto Fujimori y sus ministros.

La ONG Etudio para la Defensa de Derechos de la Mujer (Demus), presentó un recurso de queja  a la Segunda Fiscalía Supraprovincial, lo cual hará que la fiscal tenga que elevar el expediente al fiscal superior Luis Landa, quien en mayo de 2014 ordenó reabrir el caso tres meses después de que el fiscal Marco Guzmán Baca ya exculpara a Fujimori de responsabilidad y archivara las denuncias, tras haberse reabierto la investigación en 2009.

A la presentación de la queja también asistieron Victoria Vigo y los familiares de la fallecida Celia Ramos, dos de las víctimas denunciantes, representadas legalmente por Demus. Vigo comentó que espera que el fiscal Landa haga un análisis más minucioso y tome en cuenta todas las pruebas que se han entregado durante más de 14 años, además de considerar las voces de las mujeres de diversas partes del Perú que también fueron víctimas.