Ley sobre la protección eugenésica fue aprobada en Japón en 1948 y estuvo en vigor hasta 1996, y tenía como objetivo “prevenir el nacimiento de descendientes imperfectos”. De acuerdo a esta ley un doctor debía determinar la necesidad de una operación, que luego era confirmada por un comité a nivel de prefectura. Para efectuar las operaciones quirúrgicas forzadas, estaba permitido el uso de restricciones físicas, anestesia y engaño. La ley fue sustituida por la Maternal Health Act (Ley sobre la salud materna) de 1996, que no incluye disposiciones en materia de eugenésica.

Para resarcir a las víctimas un grupo de parlamentarios y exponentes del gobierno japonés acordaron una medida por la cual se reconocería a cada víctima con 3,2 millones de yens (29.000 dólares estadounidenses) y un pedido de disculpas oficial. Unas 25.000 personas aproximadamente fueron sometidas a procedimientos de esterilizaciones forzadas. Pero las víctimas criticaron la propuesta de ley de reparación, afirmando que el plan es “tristemente insuficiente en términos de compensación y responsabilidad”. 

El acuerdo llegó luego de que las víctimas intentaran acciones legales – en todo el país-  contra el gobierno. Las asociaciones afirman que la ley de protección eugenésica era inconstitucional, porque violaba su derecho de decidir si tener o no hijos.

Los abogados de las víctimas advierten que el proyecto no pondrá fin a la causa. Un problema, declaran, es en el proyecto no se indica claramente quién se disculpa. En el texto del documento se usa un proyecto general “nosotros reflejamos seriamente y expresamos una disculpa sincera” por “el enorme sufrimiento físico y psicológico sufridos” por las víctimas. “Considerando el hecho de que el Estado cometió graves violaciones de los derechos humanos basado en una ley inconstitucional, el sujeto que ofreció las disculpas debiera haber sido el Estado”, refiere uno de los abogados.

El importe de la indemnización esbozado en la legislación también es considerado inadecuado. “Los individuos tenían el derecho de decidir si engendrar y criar, aún a menores discapacitados, y por lo tanto un pago único de 3,2 millones de yens no hará nada para reparar el daño hecho”, denuncia el abogado Koji Niisato (en la Foto a la izquierda). Muchos de los demandantes piden al gobierno central indemnizaciones que varían entre los 11 y los 38,5 millones de yens.