Esta semana The Wall Street Journal, reseño una situación alarmante en Venezuela, para el mes de mayo del presente año (última cifra oficial disponible) 4074 bebes murieron antes de alcanzar su primer año de edad, un 18,5% más que en el 2015 y 50% más que en el 2012. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, donde se encuentra a la baja, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil está en aumento, 18,6 bebes de cada 1000 nacimientos fallecen antes de cumplir un año según estadísticas del mismo gobierno, UNICEF estima que la cifra de mortalidad infantil en Siria que atraviesa una guerra arrasadora, es de 15,4.

Países gravemente empobrecidos como Sudan del Sur o el Congo presentan las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, pero están en descenso, las de Venezuela están incrementando de forma acelerada y sostenida en estos últimos años.

Para Janet Currie, economista y experta en mortalidad infantil de la Universidad de Princenton, el aumento de los decesos de infantes demuestra “un serio problema social, el deterioro de las funciones básicas del gobierno”. Venezuela hace solo unos años se tenía como un sistema de salud modelo para América Latina, pero el desplome de la moneda por la caída de los precios del petróleo y el mal manejo económico del país causa recortes en todas las áreas de inversión social.

La política de falta de transparencia con respecto a las estadísticas del país hace sumamente difícil conocer las cifras reales de la problemática de la mortalidad infantil en Venezuela, los doctores de hospitales públicos donde suceden la mayoría de los nacimientos de bebes de bajos ingresos, son amenazados con despidos si hacen publica la data de la que dispongan, los hospitales son custodiados por las fuerzas armadas y no se permite la investigación a periodistas.

En septiembre circularon en los medios fotos de bebes recién nacidos en cajas de cartón en la maternidad Domingo Guzmán Lander en el estado Anzoátegui, el gobernador declaro que las cajas eran sustitutos de incubadoras y su solución fue recomendar que voluntarios las decoraran.

Los hospitales padecen no solo de falta de agua y desinfectantes, la escasez de antibióticos y formulas alimenticias, de acuerdo a estadísticas emitidas por la Federación venezolana de farmacias en junio, el país atraviesa una escasez de 80% de las medicinas recetadas, y 13.000 doctores que representan un 20% de los médicos del país han emigrado debido al colapso del sistema de salud.

Se reseñan casos alarmantes en diferentes hospitales públicos del país, incubadoras dañadas por los cortes de luz en el Hospital Universitario de Cumana, brotes infecciosos, bacterias por faltas de agua en el Hospital Luis Ortega en Porlamar, falta de aire acondicionado y neveras para almacenar la fórmula de los bebes en el hospital Raúl Leoni de Puerto Ordaz, todo esto resulta en la muerte recién nacidos en especial de padres de estratos más pobres que son los que requieren los servicios del sistema público de salud.

La situación también pone en peligro a las madres, en Venezuela que tiene la tasa de embarazo adolescente más alta de latino América, donde la escasez de métodos anticonceptivos alcanza un 90% se obliga a las mujeres en edad reproductiva incluso a contemplar la esterilización definitiva, la tasa de mortalidad materna según cifras admitidas por el propio gobierno también está en aumento desde el 2012, en contra de la tendencia mundial que ha visto un descenso de un 44%.

Diferentes organizaciones no gubernamentales han planteado ante el máximo tribunal del país recursos solicitando la acción del estado para solucionar la crisis de salud que afecta a Venezuela y que tiene mayor impacto en las mujeres, afectando derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, el derecho a obtener información en planificación familiar, el derecho a acceder a métodos para la regulación de la fecundidad y el derecho a la autonomía reproductiva, en todos estos casos el Estado venezolano está obligado a actuar en virtud de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres.