Este 9 de mayo durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), se revisaron las medidas cautelares que el estado venezolano debe cumplir para garantizar derechos de personas o poblaciones vulnerables específicas, entre esas medidas se encuentra la dictada el 19 de marzo de este año para la protección de los pacientes de la maternidad Concepción Palacios, institución pública ubicada en Caracas, que presta sus servicios principalmente a mujeres en situación de pobreza.

Esta medida cautelar se dicta gracias al trabajo de las organizaciones venezolanas @_CEPAZ, @AVESAONG, @EllasEnLinea, @somosfreyaCH; y la organización internacional y @womens_link, que visibilizaron y denunciaron la crisis de este centro de salud que plenamente operativo podía atender a 1200 mujeres por mes, actualmente la falta de insumos clínicos, medicamentos, servicios públicos (agua, luz); personal médico, especialmente de anestesiólogos, entre otras razones, ven limitada su capacidad de atención en más de un 50%.

La afectación generalizada al sistema de salud pública por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, tiene severas consecuencias en la garantía de los derechos humanos a la salud y la vida de las mujeres y niños que son atendidos en este centro médico, “Cuatro mujeres embarazadas han fallecido desde que se otorgaron las medidas de protección urgentes para la Maternidad Concepción Palacios” declaró Moraima Hernández, parte de la Sociedad  Médica de la Maternidad Concepción Palacios durante la audiencia de la CIDH. También denunció que cada 48 horas muere un neonato, van 47 fallecidos en lo que va de año.

La medida cautelar otorgada por la CIDH a la maternidad Concepción Palacios, obliga al estado a garantizar lo siguiente: 1.  Insumos médicos, medicamentos y personal de salud para atender de forma adecuada a las mujeres que acuden a este centro. 2. Permitirle a las mujeres acceso a métodos anticonceptivos, atención post aborto, controles prenatales y atención adecuada durante el embarazo, el parto y el postparto, incluyendo la atención para los recién nacidos, todo lo anterior en las condiciones de higiene y servicios públicos requeridos para una atención digna a las usuarias de este centro de salud.

Entre el 2015 y 2016, la última vez que se conocieron cifras oficiales de parte del estado, la mortalidad materna subió en 65%, la política de opacidad del estado que impide la información y acceso a datos sobre la situación del sistema de salud nos impide saber la cifra actual de mortalidad materna, pero ante el colapso de los servicios públicos y el abandono por parte del estado de sus obligaciones en la garantía del derecho a la salud de las venezolanas, el panorama no resulta muy alentador, al punto que cada vez son mayores los reportes de mujeres venezolanas que se ven obligadas a emigrar a Brasil o Colombia para dar a luz, vacunar a sus recién nacidos o simplemente tener atención medica de calidad.

Exigimos que el estado venezolano de cumplimiento inmediato a la medida otorgada por la CIDH para la protección y garantía de los derechos de las mujeres, niños y niñas que acuden a este centro de salud, que se extienda esta obligación además a todos los centros de salud pública del país y que se atiendan las necesidades específicas que enfrentan las mujeres ante la emergencia humanitaria que sufrimos y que ocasiona daños irreparables a la salud y la vida de las venezolanas.